¡Hay que defender el derecho a la educación universitaria del pueblo trabajador!

Bachilleres1

La OPSU modificó los criterios de ingreso para dar más acceso a los sectores populares, las autoridades universitarias se aferran al criterio reaccionario de exclusión

¡HAY QUE DEFENDER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES!

Contra la casta elitista de las universidades autónomas, y sin ninguna subordinación al gobierno nacional, debemos pelear por el derecho a una universidad pública masiva, gratuita y de calidad: ¡por el ingreso libre de todos y todas!, ¡por mayor presupuesto, administrado por comités de estudiantes, trabajadores y profesores!

 

¿Por qué la educación universitaria tiene que ser un privilegio de pocos?

Lo primero que hay que tumbar de su pedestal malhabido es esa idea de que “no todos pueden entrar a la universidad”. Eso es una falacia total. ¿Quién dijo que no pueden? ¿Por qué no? El bachillerato es el nivel educativo inmediatamente anterior al universitario, y si alguien lo aprobó, ¿cómo es eso que “no puede” acceder al nivel siguiente? Las razones para esta violenta interrupción del derecho a la educación no tienen nada que ver con “el conocimiento” –como falsamente engañan, o se engañan, muchos­–, sino con el mercado de trabajo capitalista y, más de fondo, con el sostenimiento de la dominación en esta sociedad de clases; es decir, razones directamente económicas y políticas, ¡no “académicas”!

Adelante volveremos sobre esto. Por ahora baste con precisar que eso de que “no todos pueden estudiar en la universidad”, que se dice como una sentencia concluyente, como si fuera algo de la naturaleza, no tiene ningún fundamento académico. Sí pueden todas y todos los bachilleres proseguir estudios universitarios. La discusión está en cómo lograrlo, pero esa es otra discusión, que no tiene ningún caso si nos anclamos en la frase vacía de que “no todos pueden…”.

 

¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Por populismo, por ganarse base electoral, por cambiar la correlación de fuerzas al interior de las autónomas?

El gobierno amplió en gran medida el ingreso a la educación universitaria mediante una suerte de paralelismo educativo en más de una década, ampliando las universidades experimentales existentes o creando nuevas (que maneja a su antojo y placer). Así se democratizó el acceso a la universidad, mientras en las principales universidades públicas del país, las autónomas, seguía el acceso restrictivo. Ahora el gobierno da un paso “para democratizar la asignación de cupos” en las autónomas –el antecedente es una resolución del 11 de marzo del 2008, del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que prescribe la eliminación de las pruebas internas que aplicaban las universidades para seleccionar (una resolución que las universidades nunca acataron).

Este paso de llevar a la práctica que sea el Estado –a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)– quien asigne el mayor porcentaje de cupos en las universidades públicas, y no quienes gobiernan las universidades, ¿por qué ahora? Parece tardío, no solo en tiempos cronológicos –son más de 16 años en el gobierno-, sino sobre todo en tiempos políticos: bien atrás quedaron los años en que el gobierno podía exhibir fortaleza política y mayoría indiscutida de apoyo popular. Por eso no deja de tener asidero la idea de que sea una movida “busca votos”, así como, más “estratégicamente”, para cambiar la correlación de fuerzas al interior de las universidades autónomas, que en todos estos años se han ubicado claramente hacia la derecha del arco político, en oposición al gobierno.

Sin embargo, si estas son las razones del gobierno, no es razón para defender los mecanismos de ingreso restrictivos y excluyentes que reinan en las universidades. Lo fundamental es que el ingreso a las principales universidades públicas del país le está vedado a la mayoría de los hijos e hijas de la clase obrera y los sectores pobres del país, y eso debe combatirse, no subordinándose a las maniobras o intereses del gobierno sino mediante la más amplia movilización independiente de los y las estudiantes de educación media, respaldados por todxs aquellxs que desde dentro de las universidades luchamos por lo mismo. Y si esta medida del gobierno puede ser un punto de apoyo para impulsar y desarrollar la movilización contra el elitismo de las principales universidades públicas, debe aprovecharse en ese sentido.

 

¿Y por qué se opone la derecha universitaria?

Pero si es lógico preguntarse las razones del gobierno, también debemos interpelar a la derecha universitaria, que habla a través de las autoridades y dirigentes estudiantiles. En una manifestación hace semanas ante la sede de la OPSU en el Zulia, uno de los dirigentes estudiantiles que se opone al nuevo Sistema Nacional de Ingreso (SNI) decía que el gobierno quiere controlar la asignación de cupos porque tiene “recelo de los estudiantes… [porque] sabe que los estudiantes están comprometidos con el cambio en Venezuela”. ¿Cuál “cambio”? Hablemos claro, se refiere a que la mayoría de los estudiantes de las autónomas simpatiza o, directamente, se movilizan, tras los proyectos políticos de la oposición de derecha.

Entonces, podemos también acusar a la derecha por la misma aspiración política que el gobierno: la casta profesoral que gobierna las universidades públicas autónoma, con el apoyo de los partidos políticos de la derecha que dirigen la mayoría de sus centros de estudiantes, quiere seguir siendo quien controle el acceso a las universidades para garantizarse un estudiantado mayoritariamente inclinado hacia la derecha. ¿O no?

 

Los “esforzados” vs. los “no esforzados”: un argumento falsamente “académico”

Hasta la actualidad, el llamado “Índice Académico” (IA) –construido sobre todo a partir de las notas entre el 1er y 4to años del liceo­- constituía el 97,5% del baremo para decidir el ingreso a las universidades autónomas, con el nuevo sistema el IA pesa solo la mitad (50%), repartiéndose la otra mitad entre la condición socioeconómica (30%), que busca equiparar la distribución del origen socioeconómico de los nuevos ingresos a las porciones que ocupan los segmentos socioeconómicos en la realidad del país; la vinculación al territorio (15%), “el sistema valora como positivo que un estudiante elija estudiar donde vive”; y un 5% la participación en procesos de ingreso anteriores y la “participación en actividades comunitarias”.

Las autoridades de las autónomas han pegado el grito en el cielo –acompañadas por las federaciones de estudiantes dirigidas por la derecha-, porque este sistema, según dicen, “devalúa los méritos académicos” y “el esfuerzo”. El ministro de Educación Universitaria defiende el sistema planteando que “las dimensiones del ser humano para acceder a la educación son más múltiples que solo el índice académico”.

Pero el criterio de quienes defienden al actual sistema elitista no solo es reduccionista (centrándose solo en el índice académico), sino además falsamente “académico”, falto de la más elemental comprensión de las circunstancias en que se da el hecho educativo: hablan del índice académico como sinónimo del nivel de “esfuerzo”, como indicador de mérito, pero hacen abstracción total de las diferentes realidades y condiciones en las que se va forjando ese índice, es decir, si alguien obtiene bajo condiciones favorables el mismo índice que obtuvo otra persona bajo condiciones adversas, ¿acaso se puede decir que el esfuerzo fue el mismo, por el solo hecho de alcanzar el mismo índice? Afirmar que el índice académico, por sí mismo, demuestra mayor o menor esfuerzo, es argumentar desde la ignorancia, aunque se revista de argumento “académico”.

Si un estudiante, por ser de familia obrera o pobre, estuvo obligado a compartir sus estudios secundarios con labores de trabajo, restándole tiempo y energía para el estudio, y otro, por su condición económica, pudo prescindir de trabajar, y contar con más tiempo y tranquilidad para los estudios, ¿no importa a la hora de evaluar el esfuerzo?, ¿sólo importa el numerito?

Si una estudiante del barrio hizo toda su primaria en escuelas públicas dónde hay 40 niños por aula, con herramientas e instrumentos pedagógicos precarios, con maestras mal pagadas que trabajan en dos lugares para redondear el salario, una sola maestra para todos esos niños, donde la posibilidad de atender las debilidades o desarrollar las habilidades de cada alumno era mucho menor que en una escuela de 25 niños por aula, con más de una docente por aula y mayores recursos pedagógicos, donde estudió una chica de clase media alta, y el índice de la primera es menor al de la segunda, ¿quiere decir que la primera se esforzó menos que la segunda?

Si, como hijo de las clases explotadas, uno tuvo un papá y una mamá que como mucho llegaron a 6to grado o si acaso terminaron el bachillerato, y no tenían las herramientas para ayudarlo a uno en la secundaria, como sí aquellos jóvenes de los sectores sociales en los que por lo general sus padres son profesionales, ¿un mejor promedio de notas del segundo joven demuestra que se esforzó más que el primero?

Si alguien no tuvo fácil acceso a bibliotecas, internet, pago de profesores particulares en las materias en que tenía dificultad, etc., y otra persona sí lo tuvo, y ambas obtienen el mismo índice académico, ¿quiere decir que el esfuerzo fue el mismo?

Así podríamos seguir señalando circunstancias que demuestran cómo es falso que un número en seco pueda decirnos algo acerca del nivel de esfuerzo o no en la vida real. Este argumento de decir “a mayor índice mayor esfuerzo, y viceversa”, no pasa la más elemental prueba de rigor científico, pues no considera ninguna de las variables de la vida real que inciden en la obtención de determinado Índice Académico, y pretende además tomar tal índice –vaciado de las condiciones en que se da– como el único y determinante indicador del “esfuerzo” en los estudios.

 

La naturalización de la dominación y opresión de clase en el capitalismo

La verdad es que tras la pomposa pose de “argumento académico”, esconden la realidad de una exclusión social de clase, ocultan que la realidad de la vida en esta sociedad de clases coloca a las familias de la clase obrera y el pueblo pobre en peores condiciones para que sus hijos e hijas accedan a la educación universitaria.

Y este carácter de clase del argumento del “esfuerzo”, queda más claro aún cuando el Secretario de la UCV tiene la desfachatez de decir que el sistema, al decantarse por dar prioridad a jóvenes de los liceos públicos, “castiga a las familias que hicieron el  esfuerzo de costearles  estudios en colegios privados” (El Universal, 02/06/15). Es decir, que el “esfuerzo” es tener la plata y la decisión para pagar escuelas y liceos privados: si una familia de escasos recursos quiso alguna vez pagar un liceo privado a su hija, esperando así sortear las precariedades de la educación pública, pero no pudieron porque el salario y los ingresos no le daban para hacerlo, dadas otras necesidades más básica y urgentes, ¡esa familia entonces “no se esforzó”!

A estos “académicos” y sabihondos no se les ocurre decir, con la misma contundencia, que el actual sistema restrictivo y las condiciones de vida bajo el capitalismo castigan a los hijos e hijas de las familias más pobres. ¿Por qué no dicen esta verdad?

 

Las verdaderas razones: el mercado de trabajo capitalista y la dominación de clase

Pero si aún en condiciones más adversas que las de otros sectores sociales, los y las jóvenes de los sectores populares logran terminar sus estudios y graduarse de bachilleres, aparece como una pared el argumento: “no todos pueden estudiar en la universidad”.

Hay que tener estómago para escuchar balbucear “verdades” como: “¿Y es que acaso no hace falta quien limpie las calles?”. O argumentos con pose de superioridad como: “No todo el mundo puede ser profesional, porque siempre va a hacer falta obreros o quien haga otro tipo de trabajo”.

Esto se dice como si fuera una ley natural, como si fuera tan natural como que la tierra girar alrededor del sol y no puede ser de otra manera. Pero queda claro que de lo que están hablando aquí no es del conocimiento ni de las capacidades o no de aprender, sino de las necesidades del mercado o la sociedad capitalista, y eso no es nada “natural”, sino una realidad social, históricamente determinada, y con intereses de clase bien claros. Así que, a otro perro con eso hueso de “la academia”.

Se le puede seguir la pista a esta lógica con otro de los argumentos: “¿Qué va a hacer el país con tantos profesionales, por ejemplo, si no necesita tantos?, también hace falta obreros. ¿Cómo el mercado de trabajo absorbería tantos profesionales?”. Es decir, deben reconocer que en realidad no están discutiendo sobre las capacidades de conocimiento o no de las personas, sino de que las necesidades del mercado de trabajo capitalista son las que deben imponerse sobre las aspiraciones y capacidades de estudio o aprendizaje.

En las necesidades de mano de obra barata, especializada, personal gerencial, técnicos, intelectuales orgánicos, etc., para mantener esta sociedad, es donde están las razones para hacer más o menos restrictivo el acceso a la educación universitaria. Ese filtro que no existe de pre-escolar a primaria, de primaria a secundaria, pero sí se inventa de secundaria a universitaria, no es una ley natural, es por la necesidad del capitalismo de discriminar entre las distintas categorías de fuerza de trabajo que necesita.

Pero además de develar esto, y ponerlo en cuestión, discutir el por qué tiene que ser así y no puede ser de otra manera, debemos también preguntarnos: ¿Y por qué una obrera de mantenimiento “no puede” estudiar Historia? ¿Por qué el obrero de una fábrica de alimentación “no puede” aprender de Economía en una universidad? ¿Por qué un trabajador de Ferrominera del Orinoco “no puede” estudiar Química? ¿Por qué el trabajador que vende boletos en el metro “no puede” estudiar las Letras y la Filosofía?

Detrás de ese “no todos pueden ser universitarios” está una reaccionaria naturalización de la división del trabajo entre trabajo manual e intelectual, y de la dominación de clase. Es, para decirlo en pocas palabras, afirmar que unos están para hacer con las manos y otros para pensar, que unos están para obedecer y otros para mandar. Si bien pudiéramos discutir si siempre hará falta quien haga trabajo manual, podemos, en primer lugar, preguntarnos, ¿por qué no avanzar hacia una sociedad donde se alternen las labores manuales con las intelectuales? Y, saliendo al paso a quienes planteen esto como una mera “utopía” –que siempre lo dirán, por supuesto, los que se consideran destinados a estar del lado del trabajo intelectual, de los “profesionales”–, diremos que el considerar que quienes cumplen labores mas relacionadas con el trabajo manual y con el obedecer que con las funciones de mando, “no pueden” traspasar esos estrechos límites y elevarse a un conocimiento y comprensión superior del mundo, de la sociedad en que están, es una idea profundamente reaccionaria que naturaliza la dominación y la opresión sobre las mayorías trabajadoras y empobrecidas.

Es por todo lo anterior que es una total impostura pretender pasar por “académica” la defensa de los mecanismos restrictivos y excluyentes de acceso a las universidades, cuando lo que está de fondo son razones sociales de clase.

 

“No hay recursos para ampliar el ingreso”… ¡los nuevos ingresos pueden ampliar las fuerzas para pelear el presupuesto!

Otro de los argumentos, pero con pose “progre”, es el que dice: “bueno, no es oponerse a que entren, sino que con qué recursos se va sostener esa cantidad de estudiantes”. Hay quienes lo plantean con honestidad, y es cierto que un mayor ingreso de estudiantes requeriría mayores recursos.

Pero aclaremos algo antes, el gobierno no está decidiendo el ingreso libre e irrestricto, que es lo que debiera hacerse: que todo el que alcanzó el grado de bachiller pueda continuar estudios universitarios si lo desea. El cupo sigue restringido y sujeto a selección, solo que con criterios diferentes. El paso que ha dado el gobierno es asignar vía OPSU la casi totalidad de los cupos: según las autoridades universitarias el Estado solo debía asignar, como ya era costumbre, un 30% de los cupos y las universidades un 70%, pero el gobierno ha decido asignar también la mayor parte de ese porcentaje que las universidades se reservaban para sí. De manera que, si las autoridades de las autónomas aceptan el hecho y reducen la cantidad de cupos que asignarán a la porción que le ha dejado el gobierno, no habrá ningún aumento real de la cantidad de estudiantes; solo se romperá el techo y habrá mayor número de estudiantes, si las autoridades insisten en mantener la asignación por sus mecanismos internos de la misma cantidad de cupos que tenían pautada antes de que el gobierno decidiera asignar vía el SNI la casi totalidad de los cupos.

De cualquier manera, la ampliación del número real de estudiantes implica mayores recursos, y hay que exigir desde ya un mayor presupuesto para garantizar, no solo el ingreso, sino de conjunto una educación de calidad, para los hijos e hijas de la clase obrera y los sectores populares. Si el gobierno se sigue negando –como lo ha hecho los últimos años, pretendiendo que le escasez de recursos en las universidades se reduce a la corrupción o la mala administración–, estará demostrando que no está verdaderamente interesado en una educación universitaria pública masiva, gratuita y de calidad, para los hijos del pueblo trabajador.

Sin embargo, si hay compañeros y compañeras estudiantes que realmente están a favor de un ingreso menos restringido a las universidades, y sinceramente les preocupa que los recursos no alcancen, la lógica no puede ser, “mientras no se tengan los recursos hay que seguir limitando el ingreso de los estudiantes”, una limitante que siempre golpea más a los sectores obreros y populares del país. Sino pensar que la propia existencia dentro de la universidad de una mayor cantidad de estudiantes que demanden más y mejores servicios de bienestar estudiantil (comedor, transporte, becas, servicio médico, etc.), y más y mejores elementos para la educación (docentes, aulas, empleados y obreros, laboratorios, recursos pedagógicos, etc.) implicaría mayor fuerza potencial para dar la pelea por un mejor presupuesto para las universidades públicas.

Hay que superar la diatriba gobierno – autoridades universitarias  y dar paso a la movilización independiente de lxs estudiantes

Hace pocos días el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que “ordena a las universidades nacionales permitan el registro y posterior inscripción oportuna a los estudiantes que tengan cupo asignado por intermedio del Sistema Nacional de Ingreso”. Esta sentencia es parte de la pugna entre las autoridades y el gobierno, pero puede ser tomada como un punto de apoyo en una estrategia donde la clave sea la movilización combativa e independiente de los y las estudiantes.

¿Por qué movilización combativa? Porque la única garantía real del goce de derechos de envergadura es la fuerza real para imponerse sobre quienes con su fuerza quieren imponernos que no los disfrutemos. Así de sencillo. Es una lección elemental de la historia de la luchas de lxs explotadxs y lxs oprimidxs. Y porque no podemos quedar a expensas de las decisiones o vaivenes de una institución del Estado, de las negociaciones o humores políticos que se expresen en alguna sentencia o decisión gubernamental: ¿si no hubiese sentencia del TSJ, nos cruzamos de brazos y no peleamos por hacer realidad el derecho?

 

¿Por qué independiente? Es evidente que con las autoridades universitarias, las asociaciones de profesores que defienden el régimen universitario actual, las federaciones de estudiantes defensoras de la universidad actual, y los partidos de la oposición de derecha que los respaldan, ¡no tenemos absolutamente nada que buscar en esta pelea! Pero tampoco podemos subordinar la conquista real del acceso a las principales universidades del país a lo que haga o deje de hacer el gobierno, que en 16 años no dio ningún paso verdadero en este sentido. También porque el mismo gobierno que hoy se enfrenta a las autoridades por esto, es también el que cerca de tanquetas y militares la universidad para que no haya marchas, es decir, es con quien seguramente nos tendremos que enfrentar para exigir un mayor presupuesto y el cese de la represión cuando se desarrolle esta lucha. Es también el mismo gobierno que se enfrenta a los trabajadores universitarios en la lucha de estos por sus salarios y condiciones de trabajo.

Por eso, para poder desarrollar un verdadero movimiento masivo y combativo de lucha, que pueda poner en acción la fuerza de los y las estudiantes por ingresar –y los que desde las universidades los apoyamos–, debemos bregar por no quedar subordinados a ninguno de los bandos de poder en pugna, para que emerja una fuerza de lucha independiente, que solo se deba a los intereses estudiantiles y de los hijos e hijas del pueblo trabajador, y no a los del gobierno o las autoridades universitarias, cuyos pasos a dar los decida democráticamente en sus bases, y no en alguna oficina a puertas cerradas, por unos cuántos burócratas de las universidades o del gobierno.

Las compañeras y compañeros de Barricada! –juventud revolucionaria anticapitalista–, como parte de nuestra lucha por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo pobre, proponemos esta perspectiva y ponemos nuestras modestas fuerzas al servicio de esta pelea.

 

Julio 2015.

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Acerca de Barricada Juventud Revolucionaria

Una organización juvenil revolucionaria, de estudiantes y estudiantes/trabajadores, por ahora fundamentalmente de la UCV, de diversas carreras (Historia, Sociología, Estudios Políticos, etc.) donde confluimos compañeros que militan en la LTS (Liga de Trabajadores por el Socialismo) e independientes, que coincide en el objetivo estratégico de acabar con esta sociedad de clases, de destruir al Estado de los patrones y conquistar un orden social sin explotados ni explotadores. Quienes impulsamos esta agrupación apostamos al desarrollo de una militancia juvenil verdaderamente rebelde y revolucionaria, anti sistema, que no tenga nada que obedecerle ni deberle a ninguna institución del sistema capitalista, a ninguno de los poderes de la sociedad burguesa, que no comulgue con ningún proyecto burgués ni se subordine al Estado.
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